Un documento filtrado en junio del 2014 del ministerio del interior de Egipto invitaba a licitaciones de tecnología de ciber-vigilancia para combatir la blasfemia, el sarcasmo y la ‘falta de moralidad’ – La tecnología probablemente provendría de occidente. Max Gallien reporta.
Cuando manifestantes Egipcios entraron por la fuerza a los edificios del gobierno en el ápice de la revolución de 2011, se encontraron a si mismos avanzando a través de montañas de papel cortado y expedientes destruidos. Lo que no había sido destruido fue fotografiado y subido a la red, creando una fascinante mirada a los funcionamientos internos del estado de seguridad Egipcio. Uno de los documentos filtrados en el 2011 incluía una oferta hecha por la empresa domiciliada en el Reino Unido “Gamma Group” para proporcionar al estado un programa de espionaje llamado “FinFisher” por un precio de cerca de un cuarto de millón de libras esterlinas. Fin Fisher permite que el usuario infecte remotamente computadores y monitoree comunicaciones y datos encriptados, leer correos electrónicos, escuchar conversaciones por Skype e incluso instalar software remotamente. Los documentos filtrados sugerían que los servicios de seguridad Egipcios incluso habían recibido una versión gratis de prueba del software y que habían estado muy impresionados con los resultados. Sin embargo, Gamma International rápidamente negó haber vendido todo el software al gobierno Egipcio.
En junio de 2014, una filtración bastante extraña volvió a incendiar el debate sobre los programas de ciber seguridad de Egipto. El periódico Egipcio “Al-Watan” publicó un llamado a licitación emitido en mayo por el Ministerio del Interior, pidiendo a compañías de inteligencia presentar propuestas para un nuevo sistema de monitoreo cibernético. El documento plasma la visión del Ministerio del nuevo “Sistema de Monitoreo de los Peligros de Seguridad de las Redes Sociales”: el programa debía poder conducir búsquedas amplias en las plataformas de redes sociales incluyendo Facebook, YouTube y Twitter, y recolectar información sobre aquellos involucrados en violaciones de la ley, así como – y esta es una frase clave – ‘ideas destructivas’. De forma interesante, el documento ofrece una lista de lo que se considera por ideas destructivas, incluyendo entre otras: la blasfemia y el escepticismo de la religión, esparcir rumores e intencionalmente modificar los hechos, el sarcasmo, el uso inapropiado de palabras, llamados a la eliminación de pilares de la sociedad (un claro eufemismo a los militares), invitar a manifestaciones, pornografía, ausencia de moralidad, llamados a normalizar las relaciones con enemigos y evitando la estrategia estatal sobre este tema. Dadas las aptitudes que ha mostrado la rama judicial en Egipto en el pasado usando acusaciones vagas como ‘esparciendo noticias falsas’ y ‘dividiendo el país’ para acosar e investigar a periodistas y activistas, no hay duda de que la existencia de este programa de vigilancia en Egipto, si sus llamados a licitación fueran contestados, seria un gigante ‘libre de hacer cualquier cosa’ para el aparato estatal de seguridad, y un golpe fatal para la libertad de expresión. Los grupos de derechos humanos en Egipto y alrededor del mundo protestaron contra el plan del Ministerio del Interior y señalaron la existencia de garantías a la libertad de expresión y la privacidad (Art. 57, 73) en la nueva constitución Egipcia.
Sin embargo hay más preguntas sin contestar en relación con la filtración del llamado a licitación, más crucialmente la pregunta sobre cómo pudo haber pasado esto en primer lugar. El-Watan no es conocido por ningún tipo de activismo de oposición, y que de forma independiente publicara documentos clasificados del Ministerio del Interior parece sorprendente, por decir poco.
Mas probablemente, la filtración es uno más de los ejemplos en meses recientes de que al aparato de seguridad Egipcio no le importa que el público esté informado sobre sus métodos, y esperan que esto sirva para intimidar y desanimar a los activistas, o cualquier otra persona que haya planeado “intencionalmente modificar hechos” en internet.
Represión Importada
Uno de los aspectos más importantes del debate sobre la llamada a licitación filtrada es que si fuera contestada, todas las ofertas probablemente provendrían de compañías Europeas o Norte Americanas. De hecho, Europa y Estados Unidos se han convertido en los principales proveedores de software de vigilancia no sólo para Egipto sino también Arabia Saudita, Birmania, y otros regímenes represivos en el mundo. El correctamente llamado “Equipo de Hackers” tiene su base en Milán y ha abierto subsidiarias en Estados Unidos y Singapur, Trovicor opera desde Múnich, BlueCoat tiene su centro de operaciones en Sunnyvale, California, mientras que Gamma International es parte del Gamma Group con base en el Reino Unido.
A primera vista, uno podría sugerir que esto no tiene nada de malo, y que el software de vigilancia es un bien exportable legítimo. Con seguridad en una era en que los criminales y los grupos armados subversivos han empezado cada vez más a usar el internet tanto para organizarse a si mismos como para reclutar nuevos miembros, los gobiernos deberían poder ocasionalmente invadir la privacidad digital de un individuo para salvaguardar su propia seguridad. Es el mismo argumento que llama a que los gobiernos puedan invadir la privacidad física de un individuo, y la misma justificación ética y legal que aplica a las compañías que proporcionan palancas a la policía y al departamento de bomberos para que ocasionalmente puedan abrir puertas en un operativo de drogas, que también debería aplicar a las compañías que proporcionan software de espionaje a los servicios de seguridad de los gobiernos.
Sin embargo, en una inspección más cercana, esta analogía falla espectacularmente. En primer lugar, para que un programa de invasión de la privacidad en pro de la seguridad sea utilizado como herramienta de defensa, debe venir con vigorosas protecciones legales y un debido proceso, la mayoría de lo cual no está presente o es descaradamente ignorado en muchos de los países aquí involucrados. Sin protecciones legales, los programas cono FinFisher se convierten en un arma ofensiva, usada por el estado para acosar y causar daño a sus ciudadanos a través de vigilancia sin causa debida y procesos legales políticamente motivados. Activistas tales como el blogger Egipcio Maikel Nabil que fue sentenciado a tres años de prisión por publicar “El ejército y la gente nunca fueron una sola mano” en Facebook, puede dar testimonio de esto.
Y en segundo lugar, como la filtración del llamado a licitación hace evidente, este software no es utilizado únicamente como herramienta para proteger la seguridad nacional, sino también para implementar un presunto código ‘moral’. Y este código no es una interpretación libre de debate sobre valores universalmente profesados: criminaliza el sarcasmo, la pornografía y es escepticismo religioso. En el 2012, otro blogger Egipcio, Alber Saber, fue arrestado y sentenciado a tres años de prisión por “difamar al Islam y el Cristianismo” y “esparcir el ateísmo” porque presuntamente había compartido el video “La Inocencia de los Musulmanes” en YouTube.
Armamento Digital
Hay una analogía física más adecuada para el software de ciber vigilancia: las armas. Se han creado un número importante de restricciones nacionales e internacionales a su comercialización para limitar la venta de armas a regímenes represivos, exactamente porque las armas pueden ser usadas no sólo como una herramienta de defensa para garantizar la seguridad nacional, sino también como una herramienta ofensiva para acosar y causar daños a los ciudadanos, y para implementar un código moral que puede no ser congruente con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si los mismos peligros aplican para los programas de ciber vigilancia, entonces también deberían aplican las mismas restricciones a su comercialización. No hay ninguna razón por la cual un régimen al que no se le puede confiar con armas se le pueda confiar con herramientas que le permiten espiar a sus ciudadanos.
Ha habido una creciente atención del público y activismo sobre este punto, y algunos gobiernos han tomado unos cautelosos primeros pasos en esta dirección, incluyendo el Reino Unido, que en 2012 limitó la exportación del programa FinFisher del Gamma Group. Sin embargo, esto debe ser seguido por acuerdos internacionales más amplios sobre este punto, sujetando la exportación de tecnología de ciber-vigilancia a las mismas restricciones de exportación que aplican a los tanques y los rifles. Aunque esto seguramente afectaría a una industria con un valor anual estimado de 5 billones de dólares, esto necesita ser puesto contra el sufrimiento real de las poblaciones de regímenes represivos alrededor del mundo, debido al uso ilegal e inmoral de la tecnología de vigilancia. Idealmente, una mirada más de cercana al uso de estos programas podría también llevar a nuevas conclusiones sobre la exportación de hardware militar alrededor del mundo, pues el uso de estas tecnologías pueden ser tratadas como un test de litmus por su confiabilidad cuando se trata de aviones de combate.
Seguramente los regímenes autoritarios alrededor del mundo siempre van a encontrar acceder a la tecnología de vigilancia. Pero si, un día, las restricciones de exportación prohibieran que los más avanzados y sofisticados proveedores de software de ciber-vigilancia contestaran llamadas a licitación como esta que fue emitida por el gobierno Egipcio en el 2014, eso con toda seguridad sería un gran paso en la dirección correcta.
Max Gallien es un Dahrendorf Scholar en St Antony’s College, estudiando un MPhil in Middle Eastern Studies.
