¿Quién debería vigilar al Guardian?

Alan Rusbridger, editor en jefe del periódico inglés el Guardian, afirma que la Gran Bretaña necesita libertad de prensa y una reforma en su sistema regulatorio fallido. Debido a que esto requiere tiempo y mayor transparencia, un nuevo regulador independiente de prensa debería ser establecido y puesto a prueba por un año.

A una semana del reporte Leveson alrededor de 20 editores de periódicos se encontraron para desayunar en el restaurante retro y de esplendor desvanecido Delaunay en Londres. Después de cerrar las persianas de la planta baja (un editor de un tabloide predijo que podríamos ser fotografiados a escondidas) nos pusimos a trabajar.

Toda la prensa nacional se encontraba ahí –del Daily Star al Financial Times. Esto nunca sucede. Los editores de The Spector y del Economist estaban en la mesa con un reportero del Times tomaba notas. James Harding, editor del Times, coordinó la mesa de manera muy eficiente.

En dos horas llegamos a un consenso sobre la abrumante mayoría de las 47 recomendaciones Leveson para establecer un régimen independiente de autorregulación para la prensa. Seis cláusulas todas referentes a la estructura estatutaria fueron rechazadas. De las 41 restantes cinco se aprobaron con cambios razonables y las 36 restantes fueron aprobadas integralmente. Las minutas sostenían: ‘Acordamos por unanimidad aceptar los principios Leveson- salvo las referentes a la base estatutaria… y en casi todos los puntos hemos aceptado el fraseo de Lord Justice Leveson’.

Los editores fueron más lejos. Apoyamos la creación de un servicio de arbitraje como ‘una innovación muy significativa para los periódicos y para el público para asegurar una resolución de conflictos eficiente, barata y con rapidez’. Concordamos en la necesidad de un órgano de reconocimiento que verifique el nuevo sistema regulatorio y sugerimos que un juez retirado lo coordinara.

Fue un momento histórico: todo el espectro de la prensa nacional en común acuerdo con las principales recomendaciones Leveson –con algunos pequeños ajustes y sin la estructura estatutaria propuesta. Pero, a una semana, Harding fue despedido de su trabajo y una mano invisible había decido que los más de veinte editores de publicaciones nacionales que se reunieron en Londres no eran confiables para dichos asuntos. Nunca volvimos a reunirnos como grupo otra vez y el acuerdo Delaunay no se publicó.

Dos colegas del Partido Conservador fueron acusados de querer representar a la industria –una pequeña ironía dados los escándalos recientes relacionados con las interferencias políticas en la prensa- además de que comenzó un largo período de negociaciones privadas con ministros del Partido Conservador. Aquello que parecía una resolución razonable en la mañana del 5 de diciembre acabó por transformarse en una lucha sobre los detalles del acuerdo.

Ninguna de estas negociaciones se hizo pública y los otros partidos políticos y representantes contra los abusos en la prensa fueron totalmente excluidos. Mucho se ha hecho sobre el papel del grupo Hacked Offen las últimas etapas de negociación, pero la prensa aseguro que fueron excluidos desde las etapas iniciales. Downing Sreet actualmente se niega a declarar con quién se reunió o habló David Cameron en dicho período.

Estas reuniones privadas estaban completamente en contra de lo que Leveson quería: específicamente pidió transparencia ‘inmediata’ en cualquiera de las discusiones sobre el reporte. Después de analizar por un año la relación de la prensa, la política y el poder público, él quería que las cosas se hicieran de manera transparente en el futuro.

La prensa comenzó introduciendo nuevas condiciones –por ejemplo, que los periódicos fueran capaces de vetar a los miembros ‘independientes’ del regulador. Pero el gobierno introdujo una pantomima constitucional –una carta real- para darle la vuelta a las recomendaciones Leveson, al afirmar que era necesario tener un estatuto para reforzar todo el acuerdo.

La carta real es, claro, un estatuto (así como el proyecto de ley sobre difamación que fue muy bien recibido) – pero un estatuto introducido por la puerta trasera del Palacio de Buckingham y no por la puerta de enfrente de Westminster. La relevancia política de esta carta fue la de librar a David Cameron de su promesa hecha después del reporte Leveson de ‘no promulgar un estatuto’- y sin duda, la carta real permitió al Partido Liberal Demócrata y a los Laboristas cambiar sus posturas iniciales, cuando antes apoyaban enteramente las recomendaciones de Leveson. La desventaja es que una carta real necesita no tener controversia alguna (ósea tener el apoyo de todos los partidos) y no puede ser acatada por ministros sin la inconveniencia o protección de un debate parlamentario. Fue una pésima idea que solo recibió apoyo porque nade pudo pensar en algo mejor.

Estas pláticas privadas fueron arduas y exhaustivas, según los relatos. Representantes del gobierno introdujeron nuevas cláusulas en un intento por acomodar los nuevos deseos de la prensa pero estos parecieron inviables. Y entre más fueron excluidos los partidos con mayoría de votos en la Cámara de los Comunes, más sospechosas se tornaban las negociaciones en lo obscuro.

Sin embargo, cuando los detalles de la propuesta de acuerdo surgieron a mediados de febrero, la mayoría de los periódicos estaban preparados para apoyarla, pero algunos se oponían y todavía había muchos detalles por resolver.

Cabe señalar que algunas de las cuestiones no eran motivo de controversia. Nadie afirmó que la propuesta marcaba el fin de una historia de 300 años de prensa libre – que John Milton, John Wilkes, John Stuart Mill y George Orwell se revolcarían en sus tumbas.

Esto no quiere decir que la prensa daba visto bueno a la propuesta. Como los banqueros, doctores y prestamistas, la mayoría de los periódicos quisieran la menor regulación posible. Pero este acuerdo, con su servicio de arbitraje a bajos costos como un incentivo a unirse y con su carta real, era aceptable.

Personas más sensatas en la prensa se dieron cuenta de que esto no era control estatutario de la prensa. Incluso tampoco era control estatutario del regulador independiente. Eran reglas básicas para regular al panel independiente – y no para regular políticos o la prensa – que eventualmente verificarían que el regulador estuviera propiamente constituido y realizando su trabajo.

Pero el problema con el acuerdo fue que Cameron nunca podría llevarlo acabo. Al insistir en pláticas privadas y excluyendo a otros partidos políticos y tomadores de decisión, los negociadores simplemente estaban ganando un problema. Otra ronda de decisiones fue puesta en práctica, no más pública que la anterior. En un mes, el humor en la prensa había cambiando y las páginas principales hablaban sobre la muerte de la libertad.

¿Qué cambió? Dos cosas principales y una pequeña pero potencialmente preocupante. El nuevo acuerdo fue trazado con prisas por los tres partidos políticos –ahora, finalmente, teniendo una conversación común, el acuerdo insistía en sustentar el teatro de la carta real con un requerimiento que solo podría ser rechazado o enmendado con los votos de por lo menos dos tercios del parlamento.

Por ser un modesto ‘documento’ de Westminster, en vez de un ‘estatuto’ del Palacio de Buckingham, algunos editores y columnistas vieron el acuerdo como el propio fin de la libertad. Aparentemente, la libertad se garantizaba mejor con un esquema en el que los ministros negocian de manera privada el futuro de la prensa, siempre que el parlamento no se metiera.

Los periódicos el Guardian, Financial Times e Independent acordaron ir por la ruta parlamentaria. Es poco claro por qué Milton, Wilkes u Orwell cederían su libertad de expresión al gobierno en turno en colaboración con el Lord Chambelán, actualmente con título nobiliario y hereditario, Earl Peel Tercero.

La segunda causa de alarma es más real –la insistencia de imponer daños ejemplares o punitivos a aquellos que no se unan al regulador (y en algunas circunstancias, incluso aquellos que se unan). Ésta es una muy mala idea que creará muchos mártires y es probablemente incompatible con las cláusulas de la libertad de expresión del Acta de Derechos Humanos y de la Convención Europea de Derechos Humanos. Significa que una revista como Private Eye o páginas de internet para las cuales la regulación no estaba prevista, podrían enfrentar daños que los podrían poner fuera del negocio.

Debería de ser suficiente ofrecer el costo-beneficio de un servicio de arbitraje –incluso para que aquellos fuera de la regulación puedan mostrar que actuaron dentro de los estándares profesionales de la industria. Más zanahoria y menos palo. A diferencia de los daños ejemplares, la ‘zanahoria’ de los costos puede ser alcanzada sin la necesidad de un estatuto, aunque los costos de las cláusulas también tienen fallas.

La prensa tiene otros motivos de preocupación. Es justo que el regulador tenga poderes sobre el fraseo de las correcciones y adjudicaciones. Pero ni siquiera las cortes tienen el poder para insistir en disculpas, aunque ciertamente pueden tomar en consideración la falta de una disculpa al determinar sanciones.

De forma similar, la prensa tiene preocupaciones comprensibles sobre los abusos de los abogados correambulancias al sistema de arbitraje, que podrían significar mayores costos a una industria que tambalea por la amenaza de las nuevas tecnologías y de los competidores. También sería necesaria una tasa nominal semejante a la de los tribunales de pequeña cuantía para que el sistema funcione, en lugar de otras formas de reparación de daños, evitando así una fuga en el sistema de compensaciones.

Lo mismo aplica para las reclamaciones de terceros: una idea razonable con límites pero potencialmente amenazante si las compuertas se abren de manera incontrolada.

Lo más difícil ahora es cómo resolver estos asuntos sin caer en la presión del tiempo que lleva a una redacción pobre que en el mundo de la carta real se inscribe en pergamino y se vuelve muy difícil de corregir.

La carrera contra el tiempo se debe en gran parte a la acción guerrillera que ha hecho rehén a al menos tres proyectos de ley, incluido el proyecto de difamación, por parte de los defensores y las facciones que desconfían de las negociaciones privadas. Habría una discusión más tranquila sobre los asuntos restantes si los defensores soltaran estas cláusulas. Dejar a Cameron tener de vuelta sus propuestas, incluida la de difamación, para que todos puedan tener el derecho a la regulación de prensa.

Los demócratas liberales, los laboristas y los defensores de las víctimas de abusos de prensa van a argumentar que ellos no confiarán más en la prensa ni en Cameron para futuras negociaciones. Señalan las promesas incumplidas de Cameron y la manera como algunos integrantes de la prensa abandonaron la pretensión de relatar los asuntos de forma justa.

La carta real debería de unificar políticamente. Sería erróneo apresurarse en esta etapa pues la manera en que el acuerdo fue hecho consagra algunas cosas que aún están lejos de estar totalmente resueltas. Los defensores de la reforma, incluido el Guardian, no deberían endosar un compromiso confuso que tendrá consecuencias inesperadas, además de una perspectiva de años de impasse en los tribunales en cuestiones que envuelven al propio órgano regulador.

La Casa de los Lores tiene la oportunidad el próximo lunes de enmendar los elementos mal ejecutados de la reunión de la semana pasada. De fallar, aún existe una alternativa, que sería más cercana al espíritu de lo que Leveson quería. Dejar al ex juez de la Suprema Corte Lord Phillips y al Comisionado para Asuntos Públicos Sir David Normington establecer un proceso para nombrar al regulador. Dejar que este nuevo regulador (comandado por un nuevo presidente que de preferencia no sea otro representante del Partido Conservador) resuelva los detalles de la regulación con la propia prensa. Hacer esto de forma transparente de forma que los temores de otras partes interesadas se apacigüen. No permitir ningún poder de veto para la prensa en el nombramiento de los reguladores.

Separadamente establecer un panel independiente de reconocimiento, libre del involucramiento de la prensa o la política. Equiparlo con una copia del reporte Leveson y las minutas de todas las reuniones entre políticos y la prensa desde noviembre, que de alguna forma ayudarían a esclarecer sus significados y ambigüedades. Dejar que lleguen a un veredicto que decida si el nuevo regulador debe ser o hacer aquello que Leveson tiene en mente.

Dejen que el sistema funcione por más de un año y que el regulador y aquellos que lo reconocen dialoguen sobre aquello que funciona y lo que se necesita mejorar. Entonces, solamente después de ese proceso, piensen en transformar el sistema en una carta real. Cuando se llegue a ese punto, entonces se tendrá una idea más clara sobre el valor del apoyo del Palacio de Buckingham. Una carta real debe solamente sellar un acuerdo, no describirlo.

Si la prensa puede demostrar que está comprometida con un sistema verdaderamente independiente y que funciona, entonces tal vez el sello de la reina no sea necesario. La verdadera independencia es más importante que un estatuto y tal vez sea necesario un plazo más rígido para mantener la presión en la prensa.

Desarrollar un sistema regulatorio voluntario en la era del internet no es cosa fácil. Por ello Leveson llegó a ser un proyecto exitoso después de un año de reflexiones, consultas y audiencias. Cabe señalar que aquellos que han juzgado que las propuestas son en realidad licencias de prensa son las mismas personas que recientemente propusieron un sistema para que los periodistas con credencial sean los únicos que pueden tener acceso a las conferencias oficiales de prensa, delegaciones de la policía, eventos deportivos y órganos médicos y científicos – además de que podría eliminarse el registro de periodistas, como acontece con los médicos y el Consejo General de Medicina.

Nadie tiene el monopolio sobre el principio. Pero algo está claro: el anterior sistema de regulación era débil. Leveson reveló cuán vergonzoso era respecto a partes importantes de la prensa como ciertas alegaciones que luego fueron llevadas a los tribunales. El grupo de prensa más poderoso del país estaba, en la interpretación más gentil, fuera de control. La policía y el parlamento fueron intimidados.

Necesitamos urgentemente de una reforma. Y también necesitamos de una prensa libre. No se puede atender a los dos objetivos con prisa o en lo obscuro.

 

Alan Rusbridger es editor del Guardian desde 1995. Es editor en jefe de Guardian News and Media y miembro del Scott Trust, empresa propietaria del periódico Guardian y del Observer. Estamos reproduciendo este artículo con permiso del Guardian. Guy Black, director ejecutivo de Telegraph Media Group; David Newell, director de Newspaper Society; y Peter Wright, editor emérito de Daily Mail Group enviaron la siguiente respuesta al Guardian:

El recuento de Alan Rusbridger sobre los eventos que llevaron el pasado lunes al altamente criticado acuerdo entre todos los partidos de imponer una carta real a la prensa ignora algunas verdades inconvenientes.

El desayuno en Delaunay fue organizado por el entonces editor de The Times, conjuntamente con otros dos editores que representan solamente una pequeña fracción de los costos de la regulación de prensa. Alegaron hablar por toda la industria pero fallaron en entender que, sin haber invitado a ningún representante de la prensa regional o la industria de revistas que representan el 45 por ciento de los costos, ese no podría ser el caso.

A pesar de que existía un sentimiento universal de que era una reunión positiva, también habían preocupaciones de que fuera un intento para que la industria periodística y de revistas aceptaran las recomendaciones Leveson sin debate alguno.

Se concluyó que la industria no debía derribar un sistema de regulación construido a lo largo de muchos años sin una reflexión más cuidadosa, y que todos los editores presentes debían conversar con sus abogados.

La idea de la carta real se introdujo el día anterior, en una reunión con el Primer Ministro en 10 Downing Street. Esto fue lo que llevó a las pláticas con los ministros, después de que otros editores descubrieron que Oliver Letwin había dado algunas informaciones sobre el asunto al Guardian.

Los representantes de la industria en estas pláticas no fueron dos tories sino un grupo de cuatro personas, incluido el director legal de Trinity Mirror y el director del Newspaper Society, ambos en representación de los periódicos regionales que habían sido excluidos de la reunión Delauney. Más tarde, cuando se consideró pertinente, el grupo de cuatro aumentó, incluyendo a representantes del Guardian, la industria de las revistas y los editores escoceses.

Lejos de que estas reuniones se realizaran en privado, los ministros involucrados dejaron muy claro que ellos estaban simultáneamente reportando el resultado en otras reuniones con otros partidos políticos y al Hacked Off. Ningún representante de la industria fue invitado a estas reuniones paralelas que fueron por lo menos igual de numerosas, y sin duda alguna, más largas que aquellas realizadas con la industria.

Durante estas reuniones con la industria los ministros produjeron un esquema para daños ejemplares que fue, con razón, severamente criticado por todos los periódicos. Otros editores también compartieron las dudas del Guardian respecto a la carta real y presentaron un esquema alternativo que definía el reconocimiento a través de un fondo de caridad, pero los ministros rechazaron la propuesta.

Sin embargo, se tuvo un gran progreso en el criterio de reconocimiento, con acuerdos en todos los puntos salvo en el método de elección del nuevo regulador, punto sobre el cual el Guardian tenía reservas; y el servicio de arbitraje, que la prensa regional y los editores de revista temieron que resultara en un costo insostenible.

Fue en este punto que Lord Puttnam introdujo la primera de una serie de enmiendas para desbaratarla que llevaron a la debacle del lunes pasado. El punto de las 2000 palabras del Guardian es que todo esto paso porque la industria negoció en privado. Lejos de esto, los resultados de dichas negociaciones están ahí para que todos los vean en el borrador publicado por el DCMS el 12 de febrero.

Qué pena que la respuesta del Guardian sea para abogar por una estructura estatutaria, ahora rechazada por cualquier órgano liberal de prensa en el mundo.

Alan Rusbridger está en lo correcto cuando afirma que necesitamos reforma y una nueva prensa. Y también cuando dice que no podemos realizarlas en la obscuridad y con prisa. Es por esto que necesitamos esperar a que el polvo de la legislación precipitada de la semana pasada se asiente y decidir la mejor manera de realizar ambas tareas.

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Debate sobre la Libertad de Expresión es un proyecto de investigación del Programa Dahrendorf de Estudios para la Libertad en el St Antony's College de la Universidad de Oxford. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

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