Arghya Sengupta analiza el intenso debate sobre la regulación de los medios al que se enfrenta la India, y la sombra del “Estado de emergencia” de la década de 1970 que se cierne sobre las diferentes alternativas, desde la fallida autorregulación a una propuesta de ley para crear un organismo supervisor de la prensa.

El informe del juez Leveson sobre la regulación de la prensa británica podría ser de gran interés en la India, donde durante el último año ha habido gran polémica sobre la regulación de los medios de comunicación, cada vez más poderosos. El jefe del Consejo de Prensa de la India, Markandey Katju, sostiene que el sistema de autorregulación es un fracaso y que la “autorregulación es sinónimo de falta de regulación”. Como solución, ha pedido que el Consejo de Prensa sea dotado de un mayor poder regulatorio. En una sentencia reciente sobre la interacción constitucional entre la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo, el propio Tribunal Supremo de este país ha reconocido la ineficacia del sistema de autorregulación y ha intentado regular los informes de los medios sobre los juicios en curso.

Tras asumir su cargo, el nuevo ministro de Información y Radiodifusión de la India, Manish Tewari, declaró que el actual gobierno no tiene la intención de regular los medios de comunicación, pero la propuesta presentada a principios de este año por otro miembro del partido, Natarajan Meenakshi, sugiere lo contrario. Por su parte, las voces del ámbito de los medios tienen opiniones muy diferentes sobre el camino más adecuado para la regulación. Algunos de los representantes, como el editor de The Hindu, Siddharth Varadarajan, reclaman una autorregulación más eficaz. Otros, como el director general de la televisión de Nueva Delhi, Prannoy Roy, quien recientemente dio una conferencia en Oxford, están a favor de una regulación externa e independiente.

En su conjunto, estas declaraciones producen la misma impresión: por un lado, una necesidad evidente de contar con un sistema regulatorio de algún tipo para mejorar el nivel de cumplimiento y responsabilidad que existe actualmente; por otro, un punto muerto sobre la mejor manera de implementar dicha regulación. (Tal vez esto le suene familiar a los lectores británicos).

Como punto de partida, evidentemente el propio debate sobre la reforma de la regulación constituye una posibilidad de autorregulación más efectiva. Sin embargo, en la India existen dos motivos que hacen que esta posibilidad sea remota. En primer lugar, las numerosas denuncias sobre las llamadas “noticias pagadas” (artículos patrocinados disfrazados de noticias periodísticas) demuestran el alarmante nivel de incumplimiento de los códigos internos de conducta y normas éticas básicas por parte de las empresas mediáticas. En un seminario que tuvo lugar no hace mucho, el ex Comisionado Jefe de las Elecciones, SY Quraishi, reveló que se habían identificado 371 casos de noticias pagadas en el período previo a las últimas elecciones estatales en las localidades de Bihar, Tamil Nadu, Bengala Occidental, Assam, Kerala y Pondicherry. Este hecho fue lo suficientemente grave como para que la Comisión solicite que este tipo de noticias y la publicación de las mismas se considere un delito punible. Frente a estas cifras tan desalentadoras, que reflejan la creciente corrosión de los estándares éticos en un amplio sector de los medios de comunicación, esperar que pongan sus propias casas en orden sería demasiado optimista.

En segundo lugar, simplemente no existe un ente de autorregulación autónomo, eficaz y respetado en toda la industria mediática, que tenga el poder de imponer sanciones a los medios que realizan prácticas irregulares, y de exigir que se cumplan sus decisiones. En la versión india del caso “Richard Desmond”, la cadena India TV se retiró de la Asociación de Radiodifusoras (NBA) de este país, una asociación que abarca todo el sector de los medios, tras ser multada por las autoridades. Los esfuerzos de la Asociación para apoyar con sanciones la decisión de las autoridades competentes resultaron en vano, y contribuyeron en gran medida a su propia deslegitimación. El posterior fracaso de la NBA y otras asociaciones importantes en la industria de los medios como mecanismos autorreguladores eficaces que exigen prácticas responsables a sus miembros, ha demostrado que la autorregulación, si bien en teoría puede ser atractiva, en la práctica resulta inviable.

En consecuencia, ante la ausencia de un sistema de autorregulación eficaz, la promulgación de una ley de medios se propone como una posible alternativa. Sin embargo, el debate en torno a una ley que regule los medios de comunicación se ve ensombrecido por una época nefasta de la India conocida como “Estado de emergencia”, que tuvo lugar entre 1975 y 1977, durante la cual la libertad de prensa fue censurada sin piedad. Si bien dicha época fue sin duda el momento más oscuro de la libertad de expresión en la India, remontarse a ella para argumentar en contra de una ley de medios de comunicación hoy en día carece de sentido. El Estado de emergencia en la India fue declarado legalmente a través de una orden constitucional que prohibía, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión. Si un gobierno decidiera hacer esto otra vez, no necesitaría la ayuda de ninguna ley destinada a regular los medios de comunicación. Incluso el argumento de que consentir una ley como esa actualmente sería “cruzar el Rubicón” en la promulgación de una regulación legal de los medios de comunicación, aunque retóricamente atractivo, es una falacia. De hecho actualmente existen varias leyes que rigen los medios de comunicación, que van desde las leyes de difamación hasta la regulación de las condiciones de trabajo de los periodistas. Así pues, la mera presencia de una ley que regule el funcionamiento de los medios, como la que se propone, sólo sería un añadido más a esta lista; y no representaría un nuevo comienzo.

La cuestión clave en relación con un organismo regulador oficial no es tanto la posibilidad de interferencia por parte del gobierno, sino la independencia frente a cualquier tipo de amenaza externa, sea cual fuere su origen. En principio resulta difícil rebatir los argumentos a favor de la existencia de un organismo regulador independiente, una solución ampliamente recomendada en la India, y al parecer la opción más popular, según en una encuesta realizada por Press Gazette en Gran Bretaña. La presencia de un organismo tal evoca imágenes idealistas de decisiones justas, sabias y eficientes; sin embargo, la experiencia nos muestra la escasa viabilidad de este sistema en la práctica. Esto no significa que sea imposible contar con un organismo regulador independiente, pero refleja que alcanzar la independencia en la práctica es una cuestión de detalle que va más allá de la retórica. En concreto, hay algunas cuestiones fundamentales que se deben plantear: ¿la independencia de quién? ¿de  qué? ¿sobre qué asuntos?¿cómo se protegerá y será asegurada esa independencia sin que se pierda el control sobre las instituciones? Se debería llevar a cabo una investigación amplia que tenga en cuenta estos aspectos, ya que el enorme poder que ejercen los medios de comunicación en la India hoy en día demuestra que su independencia no puede, ni debe, estar basada sólo en el distanciamiento del gobierno.

Al mismo tiempo, se debe reconocer que un organismo regulador independiente no es la panacea de todos los males. También está el problema de las noticias pagadas, así como la estrecha relación entre periodistas, políticos y corporaciones, revelada por las escuchas de las conversaciones mantenidas entre el empresario Niira Radia y varios periodistas de alto nivel y líderes políticos, las cuales habían sido grabadas por las autoridades fiscales y fueron filtradas a la opinión pública. Existen numerosas denuncias de periodismo irresponsable. Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores, Salman Khurshid, acusó al canal de noticias Aaj Tak de levantar falsos rumores sobre una supuesta malversación de fondos de una ONG dirigida por el ministro y su esposa. Todo esto demuestra, en diferentes grados, el deterioro de la ética periodística, la falta de transparencia en el funcionamiento de los medios de comunicación de la India, especialmente en lo que respecta a sus operaciones financieras, y la falta de cumplimiento de la ley de difamación.

Si bien es cierto que un organismo regulador debidamente estructurado puede hacer cumplir responsabilidades y lograr que las prácticas ilegales sean menos frecuentes, este instrumento no será una varita mágica que libre a los medios de comunicación de la India de todos sus males actuales, ya que lograr algo así implica necesariamente un ejercicio prolongado que requerirá nuevas ideas, así como múltiples intervenciones y reformas que hoy por hoy no se contemplan. El análisis de las recomendaciones del informe Leveson y su utilidad para la India se presenta, pues, como el mejor punto de partida para llevar a cabo tal ejercicio, con verdaderas posibilidades de darle un nuevo impulso a un debate que en la actualidad se encuentra en un punto muerto. Si es así, tal vez la India debería tener su propio informe Leveson.

Arghya Sengupta es profesor de Derecho Administrativo en el Pembroke College de la Universidad de Oxford, y fundador del Vidhi Centre for Legal Policy, un instituto de estudios jurídicos con sede en Nueva Delhi.

Este artículo fue re-editado en Inforrm.

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