El principal experto sobre la libertad de expresión Eric Barendt defiende un reporte parlamentario en Gran Bretaña sobre la privacidad, de las críticas del periodista activista John Kampfner.
De forma bastante predecible el reporte del comité conjunto de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes sobre la privacidad y las interdicciones fue destruido por la prensa apenas fue publicado. El titular de un ataque agudo al reporte por parte de John Kampfner en The Guardian (27 de marzo de 2012) gritaba: “Leyes más estrictas de privacidad sólo sirven a los ricos y poderosos.” Kampfner concluyó que los pares y los parlamentarios del comité sólo pretendieron servirle a la libertad de expresión, sugiriendo que las leyes de privacidad son usadas primordialmente por políticos para esconder escándalos públicos que deberían ser expuestos por los medios de comunicación. En particular, él estaba preocupado que una recomendación del reporte pudiera ordenar a los motores de búsqueda “borrar – no sólo de sus búsquedas sino también del internet – cualquier material que se considere que invade la privacidad.”
Estas críticas son injustas. Para empezar, el comité no recomendó, como lo sugiere el titular de The Guardian, leyes de privacidad mas “estrictas” o más draconianas. Consideró que generalmente las cortes estaban logrando el balance correcto entre la libertad de expresión (y la libertad de prensa) por un lado, y el derecho a la privacidad por otro lado. Ambos derechos están garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos, y ahora están incorporados a las leyes del Reino Unido en el Acta de Derechos Humanos de 1998. Las cortes, y otras entidades, tales como la antigua Comisión de Reclamos de la Prensa, decidiendo reclamos sobre la privacidad, deben determinar con base en todos los factores relevantes si la privacidad es más importante en determinadas circunstancias que la libertad de expresión; o si ésta última prevalece sobre los derechos individuales de privacidad.
La mayoría de las acciones de privacidad en las cortes son presentadas por futbolistas y otras celebridades, ansiosos por detener la publicación de una historia sobre su vida sexual, y no por políticos u otras figuras públicas que toman importantes decisiones sociales o económicas que nos afectan. Pero incluso los políticos tienen, como lo ha fallado la Corte Europea de Derechos Humanos, un derecho a tener una vida privada; no es claro que haya un interés público en saber si un parlamentario está teniendo, o ha tenido, una aventura con su secretaria, a menos que haya alguna evidencia de que está interfiriendo con su habilidad de representar a sus constituyentes o que afecte su asistencia a la Cámara de los Comunes.
Ciertamente es el caso que los ricos y poderosos hacen más uso que el resto de nosotros de las leyes de privacidad. Pero eso es en gran parte porque la prensa y otros medios publican mucho más sobre su vida privada, particularmente temas sexuales, que lo que publican sobre la vida de los ciudadanos del común, que por lo general no es del interés de la mayoría de los lectores y televidentes. Más aún, sólo los ricos pueden cubrir los costos de presentar acciones judiciales, como el reporte mismo lo reconoce (para 136). Eso no es en si mismo una objeción a las leyes de privacidad como tales, como tampoco el costo prohibitivo de los hoteles Ritz o Dorchester es un argumento en contra de su existencia. La solución es reducir los costos legales de las acciones judiciales, o de forma más realista asegurar que los miembros del público – cuyas vidas privadas en ocasiones atraen la atención de los medios – tengan acceso a otros tribunales menos costosos para proteger su privacidad. En el capítulo quinto de su reporte, el comité hace una serie de recomendaciones, sensatas aunque muy tentativas, de protección de la privacidad por un reformado regulador de los medios, incluyendo una propuesta de usar mecanismos alternativos de solución de controversias para las quejas relacionadas con la privacidad (ver paras 203-209), pero estas propuestas por alguna razón fueron ignoradas en la crítica de Kampfner al reporte. El verdadero problema ahora es cómo implementar efectivamente el derecho a la privacidad si es tan fácil para los tweeters, bloggers ignorarlo, y – tristemente, debe ser dicho – por parlamentarios irresponsables (ver el capítulo 6 del reporte sobre la relación entre la privacidad y la libertad de expresión en el parlamento). En general se puede contar con que los medios masivos de comunicación tradicionales observen los términos de las ordenes judiciales, incluyendo aquellas concedidas para preservar la anonimidad del demandante; están asesorados por abogados internos y otros abogados, mientras que los editores, particularmente aquellos de la prensa local o regional, saben que la violación de la privacidad personal implica significativos riesgos financieros, así como una pérdida del respeto de las comunidades a las que sirven. No podemos tener la misma confianza de que los bloggers y tweeters van a respetar la ley. En efecto, pueden deleitarse en incumplir las ordenes judiciales, particularmente si son escépticos del valor de la privacidad.
Por lo tanto, el comité hizo una serie de recomendaciones para garantizar que el derecho a la privacidad esté mejor protegido, particularmente en el ambiente del internet (ver paras 91-119). Uno de ellos tiene que animar a Google y otros motores de búsqueda – y si es necesario introducir legislación para obligarlos – a remover links a páginas web infractoras, después de que un individuo ha obtenido una orden judicial clara de que el material en la página web ha violado el derecho a la privacidad. La evidencia de Google era que incluso si fuera técnicamente posible filtrar el acceso a estas páginas web, no tendría deseo en principio de monitorearlas (ver paras 110-15). El comité fue, entendiblemente, critico de esta posición, pues mostraba una falta de voluntad, como lo dijo Max Mosley, de ayudar a ejecutar ordenes judiciales. La cooperación de Google, como lo sugiere Kampfner, no remueve el material de las páginas web infractoras, pero filtraría acceso a ésta, lo cual es un asunto diferente.
Dos creencias fundamentales relacionadas probablemente subyacen a muchas de las críticas de los medios al reporte del comité conjunto – que es en general bastante cauteloso y conservador en sus recomendaciones. Primero, es demasiado fácil para los periodistas y otros comentaristas asumir que todo lo que escriben está protegido por el derecho humano (y legal) fundamental a la libertad de expresión. Sin embargo no es así, aunque mucho de lo que escriben si está protegido. Está lejos de ser claro que los chismes y especulaciones sobre las celebridades, sin importar lo acertado que sean, sobre asuntos realmente íntimos merece la protección de una cláusula de libertad de expresión. Segundo, la privacidad en si misma está subvalorada o desacreditada, tal vez porque puede ser alegada fácilmente en un amplio rango de contexto – por ejemplo, el derecho a tener un aborto es tratado en los Estados Unidos de América como un aspecto de la privacidad personal. Pero la privacidad es un derecho fundamental, porque sin él no tendríamos ningún espacio, u oportunidades efectivas, de desarrollar nuestra personalidad individual, o en efecto en ocasiones de participar en una conversación. Aún más, el desarrollo de cualquier amistad cercana o intimidad requiere privacidad. La evisceración del derecho a la privacidad – una consecuencia no intencional de muchos de los argumentos de los medios en esta área – destruiría los límites entre la vida privada y pública, lo cual tiene un costo para todos nosotros.
Este artículo fue publicado nuevamente en Eurozine.
Eric Barendt, Profesor Emérito de Derecho, UCL, es el autor del libro clásico de referencia Libertad de Expresión (OUP) y asesor de Debate sobre la Libertad de Expresión.
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Privacy needs to be protected regardless of ones status in the community and journalists do not have the right to invade ones privacy by whatever means available under the guise of Freedom of Speech. You only need to look at the case involving News Corp hacking the phones of celebrities, dignitaries, royals and even victims of 9/11 to know that the lines are no only blurred but bordering on obliteration.
News should be that which is deemed relevant to the populace. It should directly impact our lives or offer valuable information. It should be meaningful, and not be the loose facts or, in many cases, pure fiction that makes up todays tabloid papers.
Does the public need, much less, have a right to know the inner workings of another’s personal life; I don’t think so. Sure, it may be interesting fodder for the morning coffee klatch or water cooler collective to discuss what celebrity, politician or sports figure is dating who, having an affair, dines at what restaurant or has bad breath, but is it really fair much less necessary. If you argue as public figures they give up the right to privacy, as has been done repeatedly, where does it stop. What in this digital age constitutes a “Public Figure”? If it is broadly defined as one whom the public can easily have knowledge of, then to one extent or another we are all becoming public figures. Would you like to have your life exposed and under the same scrutiny as a celebrity. Just because they have a job that puts them on film should it really mean they are no longer private citizens?
If you have a blog with 50,000 followers are you now fair game, has your notoriety elevated you to the status of losing your right to privacy. What if you have 2,500 friends on Facebook or post a video on Youtube exposing yourself to millions of potential viewers are you then a public figure. I would hope that most would say this does not constitute de facto enrolment into such a class, but are the definitions clear enough. According to attorney Aaron Larson: A person can become an «involuntary public figure» as the result of publicity, even though that person did not want or invite the public attention. For example, people accused of high profile crimes may be unable to pursue actions for defamation even after their innocence is established…
To protect the affluent as well as the masses is important. To level the playing field perhaps the reporter who has invaded ones privacy, should he be found in violation by a court, be compelled to not only pay the court costs of his victim but pay a preset fine for each occurrence. This may well be deterrent enough to cause the privacy invader to think twice before publishing their findings to the world.