Josie Appleton habla con Pierre Nora y Olivier Salvatori sobre la iniciativa Liberté por l’Histoire en Francia.
Las leyes que criminalizan la ‘negación genocida’ comenzaron en Europa en los años 1990s. Inicialmente solamente se referían al Holocausto pero más tarde se extendieron para penalizar la negación de los ‘crímenes del Comunismo’ y genocidios de Estado como la masacre de armenios bajo el Imperio Otomano o la hambruna ucraniana de 1932-3. Una decisión de la Unión Europea en 2008 sugiere que ‘ el condenar públicamente, negar o trivializar los crímenes de genocidio, los crímenes en contra de la humanidad y los crímenes de guerra’ debe ser penalizado con entre uno a tres años de prisión.
Ningún país se ha tomado tan en serio las leyes de memoria como Francia, en donde la legislación sobre el pasado ha sido descrita como un deporte nacional. Comenzó con el Acta Gayssot de 1990, que castigaba la negación del Holocausto con multas y prisión. Una década más tarde, la legislación vino fuerte y rápido: una ley de 2001 reconocía el genocidio armenio mientras que otra ley de ese mismo año definió el tráfico de esclavos y la esclavitud como crímenes en contra de la humanidad. Una ley en 2005 reconoció el papel positivo que tuvo Francia en el colonialismo y prohibió la crítica o la minimización de los crímenes contra los harkis (los argelinos leales a Francia). Un proyecto de ley de 2006 intentó castigar la negación del genocidio armenio, aunque no fue aprobada cuando en 2011 resurgió en una Acta que castiga la negación o la minimización del genocidio con 45,000 euros de multa o un año de prisión.
Sin embargo, también en Francia está la oposición más fuerte de historiadores en contra de estas leyes. El grupo “Liberté pour l’Histoire” se formó en 2005 y durante estos últimos años ha abordado las leyes de memoria de manera vanguardista, algo poco visto en esta profesión tradicionalmente recatada. Recientemente conocí al jefe de la organización, el historiador Pierre Nora y al secretario del grupo, Olivier Salvatori, en la sede de las editoriales Gallimard en París.
Liberté pour l’Histoire ha argumentado por largo tiempo que dichas leyes violan la constitución francesa y los principios fundadores del estado moderno. Su petición de 2008, Appel de Blois, declaró: “En un estado libre, ninguna autoridad política tiene el derecho de definir la verdad histórica y limitar la libertad del historiador a través de amenazas de sanciones penales”. Nora me dice que “las leyes de memoria son completamente diferentes a las leyes de difamación, que protegen los derechos de los individuos y pueden ser derivados de la constitución”. Las leyes de memoria no buscan proteger los derechos sino establecer verdades históricas, bajo la amenaza de sanciones penales.
Las implicaciones para la investigación histórica son muy profundas. “Qué tal que alguien escribe un libro diciendo que fueron 10 millones de africanos, y no 12 millones, que fueron víctimas del comercio de esclavos- ¿sería culpable de un crimen?”, pregunta Nora. El Estado establece límites a los historiadores diciéndoles “lo que deben de investigar y lo que deben de encontrar”. El grupo lanzó una petición en 2005 en respuesta al proceso penal contra el historiador Olivier Pétré- Grenouilleau por “la negación de un crimen contra la humanidad”, después de que dijo que el comercio de esclavos no era genocidio ya que “no tuvo como objetivo la exterminación de personas”.
La última vez que los estados europeos establecieron verdades históricas bajo la amenaza de la sanción penal fue bajo las leyes de blasfemia y herejía. Sin embargo, las leyes de memoria contemporáneas son muy distintas a estas antiguas leyes. Lo más distintivo de las leyes francesas de memoria es la falta de una lógica dominante: una de éstas es una ley pro- colonialista, dos son leyes de arrepentimiento (aunque de eventos con varios siglos de distancia) y una (la ley sobre el genocidio armenio) que trata de un evento que no tuvo que ver con Francia y que incluso muchos franceses ni conocían.
No está claro porque el presidente francés súbitamente tomó como urgente el legislar sobre la masacre armenia de 1915, apresurando la aprobación de dicha ley con una votación sin precedentes de tan solo 50 diputados. “No entendemos por qué lo hizo”, señala Nora, “Hay muchas hipótesis”. Algunos sugieren que es una motivación geopolítica, para postergar la entrada de Turquía a la Unión Europea. Otro factor importante es lo electoral: los armenios son un importante bloque de votantes en áreas clave como Marsella y Lyon, y no es coincidencia que las iniciativas de ley armenias aparecieran en años electorales. La ley de 2011 fue adoptada por el diputado por Marsella que también era vicepresidente del Grupo de Amistad Armenia-Francia.
La precondición para las leyes de memoria es la moralización de la historia, o más específicamente, el cambio de historia- victoria, en el que las naciones exageraran su pasado heroico, a una historia-víctima, en el que los grupos enfatizan sus sufrimientos pasados. La demanda por el reconocimiento del sufrimiento histórico es implícitamente un pedido del Estado; es ultimadamente una demanda por la compensación de daños sufridos a través de fondos públicos o de protección ideológica.
Términos como “genocidio” y “crímenes contra la humanidad” son parte del cotidiano de las peticiones políticas. “Estos términos ya fueron muy precisos”, señala Nora. “El crimen contra la humanidad fue un término legal aplicado después de la Segunda Guerra Mundial, que implicaba la obligación legal de perseguir y llevar a la justicia hasta sus muertes a los autores del Holocausto. El genocidio era la decisión de destruir a una parte de la población por razones racistas”. Ahora los eventos incluidos las guerras civiles y el tráfico de esclavos pueden ser descritos bajo estos términos. Bajo la perspectiva de Nora, “es un absurdo judicial decir que un evento tal como el tráfico de esclavos fue un crimen contra la humanidad”. Los autores de dichos crímenes desaparecieron muchos siglos atrás, y su intensión no era destruir la población. Mientras más se utilice la palabra “genocidio” de manera burda con propósitos ideológicos, más se convierte en “una palabra que los historiadores quieren evitar”.
Nora dice que los historiadores pueden sobrellevar estas tendencias culturales, siempre que no estén estructuradas en forma de leyes, de forma que los historiadores sean libres de confrontarlas o ignorarlas. Es por ello que las leyes de memoria son el problema y necesitan ser desechadas.
En este sentido, Liberté pour l’Histoire ha sido un éxito remarcable. A pesar de que Salvatori me comenta que el grupo ‘no llega a ser una “organización”’, -sin oficina o empleados-, ellos han hecho que sus voces se escuchen a través de los medios y los más altas esferas del gobierno. “Nuestras ideas han ganado la batalla de la opinión pública”, juzga Salvatori.
El grupo ha logrado que las leyes de memoria en Francia sean declaradas nulas. Una investigación parlamentaria en 2008, -en la que Liberté Pour l’Histoire presentó testimonios- resolvió la conclusión de que el gobierno debería suspender la legislación de la historia. También, el grupo logró la suspensión de la ley de genocidio armenio de 2011 a través del Consejo Constitucional, que estableció la decisión el 28 de febrero de 2012 de que las leyes son inconstitucionales con el fundamento de la violación a la libertad de expresión.
Por ahora, la amenaza de las leyes de memoria en Francia parece estar contenida. Pero la lección de los últimos siete años es que el impulso por legislar los eventos históricos reaparece una y otra vez, frecuentemente sin ningún aviso y en situaciones sorprendentes. Poco después de haber sido electo presidente, François Hollande expresó su interés por legislar el asunto armenio. “Liberté Pour l’Histoire debe estar atento”, dijo el anterior ministro de justicia Robert Badinter en la asamblea general del grupo y que aún podían haber más leyes de memoria. “No nos vamos a disolver”, señala Nora.
Esta red informal de historiadores ha generado un impresionante caso de estudio en Europa sobre la campaña a favor de la libertad de expresión. Bajo el lema “libertad por la historia es libertad para todos”, han logrado defender no solo la libertad de sus profesión sino también los principios fundadores de un estado democrático.
Josie Appleton es director del grupo de derechos civiles del Manifesto Club. Los discursos y artículos de Liberté pour l’Histoire pueden ser encontrados en la página de internet del grupo. Si quieres puedes firmar la petición 2008 Appel de Blois o suscribirte como miembro.
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It is, of course, deeply ironic that governments, in order to appear to be anti-fascist, resort to exactly the sort of anti-free-speech methods that might have been recommended by Goebbels himself.
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THE DIFFERENCE BETWEEN GENOCIDE AND CRIME AGAINST HUMANITY
I admire the work of Liberté pour l’Histoire and fully support its analysis and goals. According to Josie Appleton, however, Pierre Nora and Olivier Salvatori said the following:
Terms such as ‘genocide’ and ‘crimes against humanity’ are now part of the everyday business of political claims-making. ‘These terms were once very precise’, says Nora. ‘A crime against humanity was a legal term applied after the Second World War, which involved the legal duty to pursue and bring to justice the authors of the Holocaust until their deaths. Genocide meant the decision to destroy a part of a population for racist reasons’. Now events including civil wars and the slave trade can be described in these terms. In Nora’s view, ‘it is a judicial absurdity to say that an event such as the slave trade was a crime against humanity’. The authors of that crime are several centuries long gone, and their intention was not to destroy a population. The more that the word ‘genocide’ is used broadly for ideological reasons, the more it becomes ‘a word that historians try to avoid’.
In contrast to the remainder of the interview, this passage is full of confusion. A few clarifications, sentence by sentence.
** “These terms were once very precise.”
This is correct, but the terms are now more precise than in the past. For the first definitions of “crimes against humanity” and “war crimes,” see articles 6b and 6c of the Charter of the International Military Tribunal (IMT) at Nuremberg (1945); for the first definition of “genocide,” see article 2 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948). For presently internationally accepted definitions, see International Criminal Court (ICC), Statute (1998), article 6 for genocide (which definition is identical to article 2 of the Genocide Convention), article 7 for crimes against humanity (which definition is a complete redrafting of IMT text), and article 8 for war crimes (which definition is based on 1949 Geneva Conventions and 1977 Additional Protocols). In general, the passage confuses genocide and crime against humanity: every genocide is a crime against humanity, but not every crime against humanity is a genocide.
** “A crime against humanity was a legal term applied after the Second World War, which involved the legal duty to pursue and bring to justice the authors of the Holocaust until their deaths.”
This is correct: the perpetrators of the Holocaust were tried for crimes against humanity and war crimes under the IMT Charter. But the Charter definition of crime against humanity is not “the legal duty to pursue and bring to justice the authors of the Holocaust until their deaths”; it is “murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war; or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.” At Nuremberg, the perpetrators of the Holocaust were not tried for genocide because the IMT Charter did not yet contain the genocide category. The United Nations General Assembly first affirmed that genocide was a crime under international law in Resolution 96 (I) (“The Crime of Genocide”) (11 December 1946). Genocide was a crime that only came into legal existence with the adoption of the Genocide Convention in 1948 and the latter’s entry into force in 1951. The Holocaust of 1939-1945 has officially been called a genocide since the adoption of the Genocide Convention. Nobody can protest in earnest against this case of retroactive labeling because the Genocide Convention was drafted precisely with the Nazi atrocities in the minds of the drafters. And many other crimes in history conform to the official genocide convention.
** “Genocide meant the decision to destroy a part of a population for racist reasons.”
This is not accurate: the genocide definition speaks of an intent to destroy in whole or in part; and the groups mentioned in the genocide definition do not only include racial groups, but also ethnic, national and religious groups.
** “Now events including civil wars and the slave trade can be described in these terms.”
(1) A civil war cannot be described as a genocide, a crime against humanity or a war crime. A civil war is the context in which such crimes may occur. In its 1977 Additional Protocols, the International Committee of the Red Cross was the first to distinguish the context of international war from the context of a “war not of an international character”. Such a distinction was urgently needed because by only covering gross crimes committed in international wars, a huge percentage of all gross crimes stayed in the dark. The distinction international / internal is also adopted by the ICC, but only for its definition of war crimes.
(2) For the slave trade, see my next point.
** “It is a judicial absurdity to say that an event such as the slave trade was a crime against humanity”.
This is not accurate: the slave trade is a crime against humanity but it is not a genocide. The ICC Statute determines that enslavement (a summary name for slavery and slave trade) was a subcategory of “crimes against humanity.” The Declaration of the 2001 World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance reiterated this view. Some define slavery inaccurately as a genocide or a “Black Holocaust,” but the slave traders’ intent was not to destroy the slaves but to exploit them as cheap labor. This was the view correctly held by Olivier Pétré-Grenouilleau (and correctly rendered earlier in this interview, but not in the passage I discuss here).
** “The more that the word ‘genocide’ is used broadly for ideological reasons, the more it becomes ‘a word that historians try to avoid’.
It is correct that the word “genocide” is often abused (as in the example of the Black Holocaust above). Avoidance by historians of the term for that reason, however, is a weak offer. Some crimes are genocides, others are not. The use of recent concepts is not necessarily anachronistic and often plainly better than the use of concepts en vogue at the material time of the crime. (Space lacks to develop this important point here). We already saw above that retroactive labeling can be fully justified. In fact, historians do little else than retroactively labeling of historical events. To be sure, scholars and others retain the right not to adopt labels defined under international law for historical practices. They should, however, explain why their alternative label or definition is superior. I find such explanations, if they are given at all, seldom convincing. In cases of recent historical injustice, it is not recommended to define the nature of a given crime differently from international courts with their elevated standards of evidence and huge research departments. In cases of remote historical injustice, the use of either historical or recent concepts has to be painstakingly justified.
I elaborated these points at length in my “Historical Imprescriptibility,” Storia della Storiografia (September 2011) and “Conceptualising Historical Crimes,” Historein, no. 11 (2012).
Antoon De Baets