El teórico político Rob Reich discute qué adaptaciones necesitamos a medida que la libertad de expresión y de asociación se mueve rápidamente del mundo desconectado al mundo conectado.
Para cualquiera que viva en democracia, es esencial alguna forma de libertad de expresión y de asociación. En la búsqueda de intereses comunes, sean estos creación cultural, protestas políticas o solidaridad vecinal, la gente se reúne y organiza, transmitiendo sus puntos de vista internamente a sus miembros y externamente a los ciudadanos.
La mecánica del discurso y la asociación cambia a medida que la gente utiliza nuevas tecnologías. La gente se comunicaba vía del correo, panfletos, telégrafos, periódicos y revistas en el siglo XIX, agregando el teléfono, la radio y la televisión en el siglo XX.
En el siglo XXI, una porción creciente del discurso individual y la vida en asociaciones ocurre en línea. Utilizando Internet y las redes sociales, hablamos y nos asociamos con mayor facilidad que antes. ¿No son el blog o Twitter otra cosa que el panfleto y el telégrafo modernos? ¿No son Facebook y LinkedIn la asociación de comunidades modernas o cámaras de comercio?
Para salvaguardar la libertad de expresión y de asociación, las democracias han construido un grupo de leyes, normas e instituciones. La necesidad de tales normas, leyes e instituciones debe adaptarse al progreso de la innovación tecnológica.
Lo cual nos lleva a una interrogante fundamental: ¿qué adaptaciones necesitamos a medida que la libertad de expresión y de asociación se mueve del mundo desconectado al mundo conectado? ¿Qué políticas y supuestos respecto de la libertad de expresión y de asociación deberían, o incluso podrían, transferirse desde nuestras prácticas del mundo real al mundo digital?
Una idea simple es que la infraestructura de la libertad de expresión y de asociación en el mundo desconectado se transfiera, o ya se ha transferido, de forma limpia al mundo conectado. Esto es falso.
En el mundo digital, el discurso y la vida en asociaciones difieren al menos de cuatro formas. Primero, la conectividad básica y el acceso a los servicios suministrados en Internet son típicamente mediados por empresas, mucho más de lo que fue el acceso a los espacios físicos de asociación. Para conectarse —y para participar en espacios comunes—, la gente debe estar de acuerdo con los términos del servicio establecidos por empresas comerciales, las cuales generalmente buscan convertir en dinero los datos que recogen de los usuarios. Más aún, muchos gobiernos también monitorizan y median fuertemente el acceso a tales espacios digitales para sus ciudadanos, restringiendo lo que pueden ver y decir en Internet.
Segundo, la actividad asociativa en Internet y dispositivos móviles —mensajería de textos, juegos, redes sociales— involucra a nuestras «personas» digitales tanto como a nuestros seres «análogos». Nuestra presencia y catálogo completo de actividades en la esfera digital son visibles para las compañías y gobiernos que proporcionan la estructura en formas que no son posibles o están prohibidas por la ley en el mundo real. ¿Cómo cambia el anonimato en línea, cómo nos sentimos respecto del discurso y vida asociativa en línea y qué hacemos con las políticas del llamado «nombre verdadero» que buscan eliminar dicho anonimato?
Tercero, nuestras interacciones digitales crean un grupo secundario de datos distinto a cualquier cosa posible en el mundo físico. Estos «datos ambientales» (data exhaust) de clics y llamadas, términos de búsqueda y compras del consumidor crean un depósito de información que es quizás más valioso en su conjunto. Las compañías los utilizan para vender espacios publicitarios y mejorar sus servicios; los gobiernos, para hacerle seguimiento a las relaciones entre terroristas y criminales o, más preocupante aún, entre disidentes políticos, informantes y críticos sociales. No obstante, tales conjuntos de macrodatos también pueden utilizarse para el beneficio público, tales como predecir el brote de enfermedades, hallar relaciones no anticipadas entre los medicamentos y sus efectos secundarios o incluso materia prima para nuevos tipos de ciencias sociales.
Cuarto, a medida que emergen nuevos tipos de datos, también emergen nuevas preocupaciones respecto de la privacidad. En el pasado, los metadatos como registros de teléfonos o índices de audiencia de televisión no revelaban mucha información por sí mismos o la información privada que podían revelar era muy costosa de cubrir, de manera que la protección privada no se consideraba un asunto que ejerciera presión. En una era en la que el análisis de las redes sociales complejas se ha tornado en algo trivialmente fácil, nos vemos, no obstante, forzados a considerar nuevas reglas y normas de privacidad. ¿Cómo podemos proteger la privacidad personal, permitir contribuciones y la creación de nuevos recursos sociales compartidos, manteniendo al mismo tiempo un espacio asociativo compartido fuera del alcance corporativo o gubernamental?
Pudiéramos echarle un vistazo al mundo filantrópico, por ejemplo, donde los asuntos de control del donador y el anonimato son centrales para las estructuras de funcionamiento respecto de las donaciones y la creación de fundaciones privadas. Enfrentamos ahora interrogantes similares sobre la donación de activos digitales a organizaciones que trabajan para el beneficio público. El éxito global del movimiento Creative Commons muestra que la gente no tiene un punto de vista uniforme sobre cómo y en qué medida deben preservarse sus datos exclusivamente para uso privado. Cuando se les da a escoger, muchos de nosotros damos mucha información. La manera como las empresas manejen las tensiones entre datos privados y la buena voluntad pública se convierten en un factor diferenciador para las organizaciones en la economía social; no todos escogerán lo mismo.
Vivimos una época en la que la creación, distribución y posesión de material en línea y las conexiones sociales entre la gente conectada han ocasionado una revolución de los bienes privados en el mundo del comercio. En 15 años, hemos visto agitación en muchas industrias, especialmente en la música, libros, periódicos, películas y la televisión. Lo que es menos publicitado, pero no menos revolucionario, es lo que el mundo digital le está haciendo a las políticas y prácticas de la libertad de expresión y de asociación. Necesitamos confrontar las diferencias entre el discurso y la asociación en línea y fuera de ella. Y, teniendo en cuenta las diferencias, necesitamos un debate público informado sobre las reglas que deben regir el mundo conectado. El esfuerzo aquí en FreeSpeech.com es un esfuerzo importante para estimular el debate.
Tales esfuerzos ayudan a destacar las diferencias no solo a través de los países y las culturas respecto de las actitudes sobre el discurso y la asociación, sino que también demuestra las diferencias entre el comportamiento en línea y fuera de esta. Es importante hacer las preguntas correctas, incluso si las respuestas no están claras todavía.
Veo que comienzan a emerger dos respuestas.
Primero, la capacidad de expresión y de asociación en línea —conectividad básica— no debe verse como un servicio disponible para los consumidores en el mercado, sino como algo que se acerca a un derecho cívico. Esto no significa que la conectividad deba ser suministrada por el gobierno, más allá del suministro de los servicios públicos, como telefonía, agua o electricidad. Estos últimos son con frecuencia suministrados de manera privada, pero con garantía de servicio para aquellas personas que no los pueden costear. La implicación es que la conectividad debería llegar a verse como un elemento esencial de la infraestructura pública. La conectividad se convierte en un bien público, no excluible como un puerto bien iluminado, disponible para todo el mundo si está disponible para cualquiera y no competitivo como el aire limpio, con un suministro que no se disminuye cuando lo utiliza cualquier persona.
¿Cuán cerca estamos de tal actitud hacia la conectividad? En el verano del 2013, nada menos que Mark Zucherberg declaró que la conectividad es, a pesar de sus intereses comerciales, un derecho humano básico.
Segundo, el espinoso asunto de la privacidad sigue sin resolverse y la diferencia en las actitudes entre la actividad en línea y fuera de ella es severa. Considere, por ejemplo, el servicio de correos. La entrega de correo a través de los sistemas postales nacionales es «neutral de la red», una promesa de entregar cualquier paquete o carta, independientemente de su contenido, y generalmente protege la privacidad; abrir el correo de otra persona es un delito. Sin embargo, en la transmisión en línea de mensajes, batallamos sobre la neutralidad de la red y no existe garantía de privacidad —cuando, por ejemplo, Google examina correos electrónicos o Facebook revisa publicaciones para enviar publicidad dirigida a los usuarios—, pero también los gobiernos nacionales, que almacenan cualquier traza de actividad digital—.
En este ámbito, vemos un movimiento claro que está lejos de las protecciones de la privacidad que eran lugar común en el mundo desconectado. El balance entre las libertades civiles y la seguridad que han sido golpeadas en el mundo desconectado está cambiando decididamente hacia la seguridad en el mundo conectado. Es un hecho. Si esto se refleja bien en el énfasis de la democracia respecto de la libertad de expresión y de asociación es la pregunta que necesitamos hacernos.
Robert Reich es profesor asociado en Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Su interés principal es la teoría política y actualmente está terminando un libro sobre ética, política pública y filantropía.
Este artículo fue publicado nuevamente por Eurozine.
