Maja Sojref examina cómo una ley de prevención de daños al Estado de Israel expone la tensión entre la libertad de expresión y la seguridad nacional.
El 15 de abril de 2015, la Corte Suprema de Israel privilegió la preocupación por la seguridad nacional sobre la libertad de expresión al confirmar la constitucionalidad del Proyecto de Ley de Prevención de Daños al Estado de Israel a través del Boicot. De acuerdo con esta ley de 2011, el llamado a boicot contra individuos o instituciones asociados al Estado de Israel o sus asentamientos en Cisjordania se define como un delito civil y se les puede exigir compensaciones a aquellos que hagan un llamado al boicot. Aunque la Corte anuló una disposición, la cual les habría permitido a los acusadores exigir compensaciones sin la presentación de evidencia de los daños reales causados por el boicot, si mantuvo los demás componentes del controvertido proyecto de ley.
Esto incluye al Artículo 4, el cual permite que el Ministro de Finanzas despoje a las organizaciones no gubernamentales que apoyen un boicot de su estatus sin fines de lucro al eliminar las ventajas fiscales. En respuesta, organizaciones de derechos civiles de Israel y Palestina, tales como Adalah, Gush Shalom o la Coalición de Mujeres por la Paz, denunciaron la «ley anti-boicot» como una forma encubierta para perseguir a las organizaciones de izquierda en la sociedad israelí. En el 2011, solicitaron que la Corte Suprema se pronunciara contra el proyecto de ley, argumentando que suprimía el debate político legítimo y comprometía los principios democráticos de la libertad de expresión.
Sin embargo, desde el punto de vista del Magistrado Hanan Meltzer, quien presentó la opinión mayoritaria en el 2015 que fallaba contra dicha petición, la prohibición de un boicot constituía una restricción proporcional a la libertad de expresión en interés del estado de Israel y sus ciudadanos. Para Meltzer, un llamado a boicot no representaba una contribución legítima al debate democrático, sino más bien un ataque a la libertad económica y política de otros, meramente sobre la base de su afiliación con Israel. En el razonamiento que hace Meltzer, a través de una prohibición al boicot, el Estado protegía así a los ciudadanos privados de un «sanción colectiva». Meltzer adicionalmente presentó la ley como una defensa legítima del Estado de Israel contra una continuada amenaza a su existencia mediante el boicot económico. Citando el boicot de la Liga Árabe contra Israel, Meltzer sugirió implícitamente que el Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS, por su sigla en inglés) representaba sólo la última instancia de un esfuerzo sistemático para aislar a Israel y negarle su derecho a existir.
Fundado en el 2005 por los miembros de la sociedad civil palestina, BDS se ha convertido ahora en el portavoz más importante del boicot económico, cultural y académico contra Israel. Los partidarios del BDS argumentan que sólo un boicot completo obligará al gobierno israelí a ponerle fin a la ocupación de los territorios palestinos y desmantelar el muro de separación, así como reconocer los derechos plenos de los ciudadanos palestinos de Israel y el derecho a regresar de los refugiados palestinos. Cuando Meltzer afirmó que el boicot suponía una amenaza existencial, se refería principalmente a esta última exigencia, ya que el regreso de los palestinos desplazados en 1948 haría que la población judía fuera minoría y, por tanto, socavaría el principio de Israel como un Estado Judío.
El cargo de Meltzer, sin embargo, oscurece el hecho de que no todos los defensores de un boicot apoyan al BDS y todas sus demandas. Más aún, con una votación 5-4, la corte no logró hacer la distinción entre aquellos activistas que boicotean al Estado de Israel como un todo y aquellos que sólo tienen como objetivo los productos e instituciones de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Las directivas de la UE para etiquetar los productos de los asentamientos y prohibir a los estados miembros que cierren acuerdos con las instituciones israelíes en los Territorios Ocupados son solo dos indicadores de la creciente presión internacional contra la actividad ilegal en los asentamientos. Desde este punto de vista, se hará cada vez más difícil para Meltzer y otros representantes israelíes denunciar un boicot de los asentamientos como un asalto directo al derecho a existir de Israel.
Quizás lo más importante es que esto ilustra el grado al cual la Corte Suprema ha llevado una posición altamente ideológica en un debate cargado de emocionalidad. El fallo del 2015 ha transformado el llamado a boicot de un tabú en la sociedad israelí a un agravio directo. Como ha argumentado Sawsan Zaher, abogado de la organización de derechos civiles Adalah, la ley ha tenido entonces un «efecto de enfriamiento» en el discurso político, aun cuando nunca se haya utilizado en la corte. La «ley anti-boicot» ha proporcionado una rendija para que los individuos persigan a los opositores políticos y ha colocado a las organizaciones no gubernamentales en riesgo de ir a la ruina financiera. Por esta razón, desde la promulgación de la ley, los periodistas y organizaciones no gubernamentales han salvaguardado su apoyo al boicot. Gush Shalom, un prominente grupo de activistas por la paz de Israel, por ejemplo, han eliminado incluso partes de sus sitios web que estimulaban el boicot a productos de los asentamientos de Cisjordania.
Aún así, la controversia sobre la «ley anti-boicot» no puede reducirse a las tan familiares luchas entre la derecha y la izquierda de la sociedad israelí. Ha abierto debates más amplios sobre la tensión entre la libertad de expresión y la seguridad nacional. El asesor legal del parlamento israelí describió muy bien el proyecto de ley al decir que estaba «en el límite de la ilegalidad». Incluso la Liga Anti-Difamación, un monitor del anti-semitismo que es muy crítico de BDS, ha alertado que la ley «podría injustificadamente vulnerar los derechos democráticos básicos de los israelíes a la libertad de hablar y expresarse». A pesar de estas intervenciones del otro lado del espectro político, los solicitantes no han sido capaces de convencer a los jueces y al público más amplio de que la ley debería discutirse como un asunto de libertad de expresión, independientemente de los temores existenciales que muchos israelíes asocian con un boicot económico. En ausencia de una constitución escrita y dado el rol controvertido de la Corte Suprema en la legislación israelí, esta tarea ha sido todavía más desafiante.
La «ley anti-boicot» ha restringido el espacio para el debate público en Israel con un efecto inmediato. Aunque la carga emocional del llamado a boicot ayuda a explicar por qué la Corte Suprema ha respaldado la ley, no justifica el sacrificio de la libertad de expresión en nombre de la seguridad nacional. Finalmente, es posible que la ley, diseñada para contener un movimiento creciente a favor del boicot, termine siendo contraproducente. A los ojos de algunos activistas del boicot, la «ley anti-boicot» sólo aglutinará apoyo internacional para su causa porque pareciera validar la afirmación de que la presión externa es la única vía para resolver el desbalance de poder en el conflicto árabe-israelí.
Maja Sojref realiza el Máster de Filosofía en Estudios Modernos del Medio Oriente en St. Cross College, Oxford. Está particularmente interesada en el conflicto árabe-israelí y el rol de la sociedad civil.
