Una nueva ley contra los crímenes cibernéticos en Filipinas dará poderes irrestrictos al estado para monitorear a los usuarios de internet, quitar páginas de internet y encarcelar ciudadanos, escribe Purple S. Romero.
Los filipinos se están volviendo adictos a las redes sociales. Filipinas recientemente estuvo dentro del ranking de los diez usuarios más importantes de twitter, con 9.5 millones de miembros, de acuerdo con el monitoreo de redes sociales Semiocast. Aun cuando 27 millones de filipinos están en Facebook, la nueva Ley de Prevención del Crimen Cibernético de 2012 contiene ciertas disposiciones que han sido consideradas como actos de censura y violatorios de la libertad de expresión – algo muy decepcionante en un país democrático con una presencia vibrante y creciente en las redes sociales.
Una de las disposiciones más controverciales de la Ley de Prevención del Crimen Cibernético es la penalización de calumnia electrónica. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2011, las sanciones por libelo en Filipinas ya constituyen ‘restricciones ilegales al derecho a la libertad de expresión’. De esta forma, la ley va en contra del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, del cual es signatario.
El principal argumento de algunas organizaciones de medios en contra de la excesiva criminalización del libelo es que al ser arrestado por lo que se escribe (o se dice, en el caso de la calumnia) se desalienta el reportaje crítico y la diversidad de puntos de vista.
Sin embargo, esta ley no solamente reforzó el libelo como un crimen serio, sino que además aumentó las penas. La Sección 6 de la Ley señala que las penalidades ‘deben estar un grado encima de las previstas en el Código Penal Revisado’. Bajo este Código, el libelo tiene una penalidad de prisión entre 6 meses y 4 años; bajo la Ley de Prevención del Crimen Cibernético, el tiempo en prisión sería de entre 6 y 12 años.
La disposición sobre el aumento de sanciones para los crímenes cibernéticos fue retirada en la versión del proyecto de ley aprobada por la Cámara de Diputados, pero después fue reinsertada por el Senado (Filipinas cuenta con una legislatura bicameral y un proyecto de ley puede emanar tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores).
El interés público, por lo tanto, fue totalmente abandonado.
¿Por qué el libelo electrónico debe estar sujeto a penalidades más fuertes que la difamación común? Gerónimo Sy, Secretario Asistente del Departamento de Justicia señaló que esto se debe a que el internet permite no solo una diseminación más rápida de información calumniosa, sino además un alcance mayor. Los daños a la reputación de una persona están a un solo click de distancia.
Durante los argumentos orales de la Suprema Corte el 15 de enero, uno de los jueces señaló que un usuario de Twitter puede fácilmente destruir la reputación de alguien y con un solo tuit puede llegar a centenas de millares o hasta millones de seguidores. La protección de los ciudadanos privados es considerada como una responsabilidad fundamental del Estado.
Pero la ley no precisa quién debe ser responsable por la difamación electrónica. A diferencia del libelo ordinario que especifica el ámbito de la culpabilidad (del escritor o reportero al editor), existe ambigüedad sobre la responsabilidad de la difamación electrónica. Específicamente algunos se preguntan si aquellos que retuitean o reproduzcan un estatus en Facebook también serían presos por el mismo crimen.
Existe cierta protección contra esto. Sy comentó que no sería posible para los fiscales identificar, investigar y arrestar a cada persona que retuitea, por lo que las autoridades solamente irían tras la fuente original. Pero los siguientes acontecimientos nos hacen dudar de esto.
La Sección 19 o la ‘Cláusula de desmontaje’ en dicha ley autoriza al Departamento de Justicia a restringir el acceso a páginas de internet que contienen contenidos dañinos, con base en evidencias a primera vista. El gobierno retrocedió en esto y dijo que esta disposición debe ser anulada porque constituye censura previa. El hecho de que el presidente firmara una ley con disposiciones que después su propio gobierno establecería como inconstitucionales pone en duda el proceso en que fue realizada la ley.
Un estudio sobre las deliberaciones del Congreso filipino señala que estas disposiciones de ley fueron aprobadas sin prácticamente ningún debate. La disposición sobre el libelo en-línea, por ejemplo, fue añadido en una única sesión plenaria.
Asimismo, las consideraciones sobre las diferentes características y la comunicación en-línea no fueron abordadas, los detalles no fueron tomados en cuenta y la opinión de los expertos y de los actores claves no fue consultada.
Un ejemplo del daño causado por la falta de debate es la limitada discusión sobre qué es un contenido ‘dañino’. Lo único que se discutió fue que las autoridades podrían malinterpretar qué es un contenido pornográfico, pero los más escépticos de la legislación señalaron que las críticas al gobierno también podrían ser consideradas por las autoridades como ‘contenido dañino’.
De aprobarse la ley, las autoridades podrían recolectar en tiempo real el tráfico de datos en internet sin la necesidad de una órden judicial. El tráfico de datos bajo esta ley son ‘todos los datos informáticos que no sean el contenido de la comunicación incluidos, pero no limitado a, el origen de la comunicación, destino, ruta, tiempo, fecha, tamaño, duración o tipo de servicio’.
Sy señaló que dicha disposición ayuda a monitorear los correos electrónicos y los mensajes de texto de terroristas sospechosos, pero como la recolección de datos no requiere una orden judicial entonces existe espacio para el abuso. Durante la exposición de argumentos orales en enero 15 otro juez comentó que la ley no explica cómo se puede garantizar a los ciudadanos comunes que las autoridades realmente recolectan datos de tráfico y no también el contenido de sus correos, mensajes, etc.
La Suprema Corte evitó que el gobierno implementará la Ley de Prevención del Crímen Cibernético. Pero el control del gobierno en la expresión pública no ha disminuido. La activista contra la actividad minera, Esperlita García fue arrestada por una publicación en Facebook sobre un rally en octubre de 2012.
Un jefe de la policía también ‘invitó’ a algunas personas a la estación de la policía después de haber criticado por Facebook los fracasos de la autoridad en detener robos. Ninguna de las siete personas invitadas fueron a la estación. El superintendente Rico Tome dijo que la policía solamente quería recordarles que las observaciones difamatorias se castigan.
La Ley de Prevención del Crímen Cibernético ni siquiera fue invocada en estos incidentes -la actual ley contra el libelo fue suficiente. Esta ley hace difícil que el público pueda confiar en que el estado no abusará de la nueva ley. El problema con dicha ley va más allá de la ley en sí. Sus debilidades reflejan un proceso que distó del espíritu de debate, de una investigación honesta y de un mecanismo de retroalimentación que podría llevar a la ley a ser una herramienta efectiva en contra del hackeo, de la pornografía en línea y del robo de identidad.
Como no hubo transparencia ni inclusión en la redacción de la ley, también hay dudas de que será implementada efectivamente, que los derechos se respetarán y que el debido proceso podrá ser observado. La falta de una voz pública en el proceso provocó una ola de miedo. Las personas hablan de una ley marcial digital, un retroceso a los tiempos en los que la libertad de expresión era brutalmente limitada. Pero así como en 1986, los filipinos lucharán por su derecho a expresarse libremente. No pueden ser silenciados en el mundo real ni en el virtual.
Purple S. Romero es un reportero de Rappler.com en Manila.
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We are three high school students in eleventh grade taking a course called “Language and Literature;” in this course explore taboo and hate speech. We were asked to read a discussion article on “www.freespeechdebate.com,” and this discussion intrigued us the most
What we understood of your argument was that you are antagonistic towards the Philippine’s new Cybercrime Prevention act of 2012; that the Philippines’ government is given unrestrained powers in order to detect internet users. Section 6 of the new Cybercrime Prevention Act, the consequence of libel can result in imprisonment of between six and twelve years, while before it was six months and four years. We agree that six months to four years is far too strict of a punishment. Even though, in the Philippines freedom of speech has allowed, the citizens have no say in the laws. There is no consensus in the Cybercrime Prevention Act in the Philippines with the people and the government.
The ‘Cybercrime Prevention Act of 2012’ is mainly about treating all cyber crimes on the same level. For example the way pornography is treated is the same for one single twitter user posting against the government or authority. On January 15th of 2013, the Supreme Court stated that twitter users can easily destroy the reputation of any individual, and that those individuals should be punished. Geronimo Sy from the Department of Justice states otherwise, that it would be most likely impossible to track down single individuals who are out to harm. Agreeing to this, we believe in freedom of speech. Freedom of speech was given to Filipinos only twenty-eight years ago. This makes it look like taking away freedom of speech on the internet would be a substandard idea.
As of our opinion toward how the Philippine government on how they are trying to solve the internet usage, we believe that the government is approaching the situation in the wrong way. In comparison to Europe, new tough cyber laws have been passed by the EU ruling that hackers and cyber attackers will face at least two years of prison in the future. This generally sounds less serious than the punishments in the Philippines, but the EU dedicates research to investigate major attacks and to correctly punish cybercrime, individuals or groups so they are given the correct punishment and their imprisonment depends on the seriousness and damage of the crime. Five year imprisonments are given to attacks to “critical infrastructure,” such as power plants, transport networks and government networks, and the same applies if an attack is committed by a criminal organisation.
We understand your strong opinion towards the Filipino laws on cyber crime, but the country we live in (The Netherlands) is known for its tolerance in free speech, however it also has an organization and laws about this topic. For instance, Dutch minister of security and justice Ivo Opstellen proposed empowering Dutch law enforcement to access and control the computers of suspected cyber criminals, even if those computers are outside of the Netherlands. The “Nationaal Cyber Security Centrum” has a few responsibility to continuously watch suspect sources on the internet and warn them if they commit a crime. They also organize advertisements on how to protect yourself from digital dangers.
In comparison to The Philippines, The Netherlands, cybercrime is addressed differently and perceived less strictly.
The point that we are trying to make is that it is vague and unclear how the Filipino government and police are identifying what a cybercrime is and what can be considered “criticizing” on the internet.