El año pasado, Anna Hazare, un indio de 74 años que lucha contra la corrupción, emprendió una huelga de hambre como una forma de presionar al gobierno para que promulgara una legislación anti-corrupción. ¿Debería protegerse la huelga de hambre como forma de libertad de expresión? Manav Ghushan y Katie Engelhart ofrecen contrastantes puntos de vista.
El caso
En abril del 2011, Anna Hazare, de 74 años y activista gandhiano de la India central, comenzó una huelga de hambre pública en Nueva Delhi. La maniobra fue una reacción a un número de escándalos de corrupción que involucraban a funcionarios indios y que han salido a luz pública recientemente. Hazare exigía que el parlamento promulgara una fuerte legislación anticorrupción. Cinco días más tarde, el gobierno se suavizó y comenzó a redactar un nuevo proyecto de ley. Sin embargo, el proceso pronto se detuvo. Cuatro meses después, Hazare emprendió una segunda huelga de hambre, exigiendo esta vez la creación de una autoridad anticorrupción independiente.
Poco después de que Hazare iniciara su huelga de hambre, fue arrestado por el gobierno, el cual citó la ley y asuntos de orden. No obstante, cuando miles de personas se reunieron para apoyarle (en el movimiento de masas más grande que se haya visto en la India desde los años setenta), Hazare fue liberado y se le permitió hacer su huelga de hambre en un parque de atracciones de Nueva Delhi bajo los focos de los medios. A medida que Hazare disminuía de peso, los funcionarios batallaban para formular un proyecto de ley anticorrupción. En efecto, luego de doce días, el parlamento indio adoptó una resolución de compromiso y Hazare levantó su huelga de hambre.
Funcionarios gubernamentales han descartado desde entonces las actividades de Hazare como chantaje. Un Diputado (MP) lo llamó “un peligroso precedente para una democracia”. En diciembre del 2011, Hazare amenazó con recomenzar su huelga de hambre, argumentando que el nuevo proyecto de ley anticorrupción de la India era aún muy débil.